¿Se imagina al gerente general de una empresa que evalúa el desempeño del gerente de marketing a través de la cantidad de dinero que empleó en una campaña publicitaria (en lugar de hacerlo de acuerdo con la cantidad de ventas que tuvo el producto lanzado al mercado)? Esta situación ha venido ocurriendo en la empresa de servicios más grande del Perú, el Estado peruano. 

Precisamente, el nuevo paradigma de la administración pública concibe al sector público de una manera “empresarial”, no en términos lucrativos sino más bien en términos de gestión. Así, el ciudadano es un cliente de los servicios públicos y su satisfacción es fundamental. Por otro lado, al funcionario público se le delegan responsabilidades y recursos que debe gerenciar con cierta autonomía, a cargo de que rinda cuentas de su gestión. La medición del desempeño es la columna vertebral de esta propuesta. 

Los criterios utilizados para evaluar los resultados son los de i) eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de objetivos planteados (sin considerar necesariamente los recursos que está destinando) ii) eficiencia, la cual se refiere a que la ejecución de las acciones haya utilizado el mínimo de recursos disponibles; iii) economía, que significa que la movilidad de recursos sea a favor de la misión institucional, y iv) calidad del servicio, entendida como la capacidad para responder en forma rápida y directa a las demandas de los clientes.

Bajo esta perspectiva, el presupuesto público ya no se concibe como una expresión sistemática de los ingresos y gastos a ejecutar durante un año fiscal. Si no que, al  conectar la asignación del gasto con los objetivos de desarrollo, se convierte en una poderosa herramienta para lograr el desarrollo social. 

El presupuesto por resultados ha sido implementado por varios países como una herramienta para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público al relacionar la gestión pública con el cumplimiento de resultados. Así, la programación del gasto no se clasifica de acuerdo con el tipo de insumo, sino más bien con el objetivo. Este proceso implica la reestructuración de los procesos presupuestarios para incorporar información sobre desempeño, destino de los recursos, mandatos y compromisos, evaluación de resultados mediante indicadores y sostenibilidad de las inversiones.