En plena campaña electoral, un conocido profesor de la Universidad del Pacífico publicó un artículo donde hacía públicas sus sospechas sobre la existencia de una sociedad secreta de especialistas que formulaba los planes de gobierno de los distintos partidos políticos, debido a la similitud que estos presentaban. A pesar de la conmoción que causó esta insinuación entre los lectores, probablemente para Fernando Villarán -último presidente de la Comisión Organizadora del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)- esto habría sido una buena noticia.

Analistas e intelectuales coinciden en que el Perú puede ser caracterizado en dos palabras: sobrediagnosticado y subplanificado. Precisamente, la rigurosidad de los estudios que se producen diariamente en diversos think tanks no se traducen en las erráticas políticas de Estado: no solo no existe coherencia entre las políticas sectoriales, sino que cambio de gobierno significa “borrón y cuenta nueva”. Y el mecanismo que buscó revertir esta situación, el CEPLAN, no ha sido implementado por falta de voluntad política de un partido que paradójicamente se hace llamar “Perú Posible”.

El planeamiento estratégico es una práctica utilizada por la mayoría de empresas, y tiene como objetivo principal brindarle a la gerencia la perspectiva de largo plazo de la gestión de su negocio, fomentando de esta manera el trabajo entre las diferentes áreas que componen la empresa, la priorización del destino de los recursos así como la formulación de los planes de corto plazo. Se trata de “ir construyendo”, en la búsqueda de un objetivo de largo plazo. Obviamente, tan importante como la formulación de los planes es la ejecución estratégica de los mismos. ¿No debería la gerencia del Estado peruano –el sector público- seguir este proceso?

Muchos años antes a la formulación del proyecto de creación del CEPLAN, diversas iniciativas privadas –Agenda Perú: Siglo XXI y "Perú Siglo 21: Propuestas para una Visión Compartida" (IPAE –CADE 1996)- habían identificado la necesidad de mejorar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo a través del planeamiento estratégico, de manera que estas estuvieran orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales. Posteriormente, los partidos políticos se alinearon con esta postura cuando firmaron el Acuerdo Nacional, documento donde se consigna la creación de un sistema de planificación estratégico en la quinta política de Estado.

No sería la primera vez que el Estado peruano cuente con una institución de este tipo. En 1962, durante el breve gobierno de la junta militar presidida por el General Pérez Godoy se creó el Instituto Nacional de Planificación (INP), organismo que fue desactivado en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, el planeamiento estratégico moderno que sugiere el CEPLAN dista mucho del tradicional que propuso en su momento el INP.

La diferencia principal entre las tendencias de planeamiento estratégico reside en el “punto de partida” sobre el cual se realiza la formulación de políticas. Así, mientras que el tradicional se centra en el diagnóstico de la realidad, el moderno propone tomar al futuro como el punto del cual partirán las políticas de Estado, de esta manera la prospectiva se convierte en la primera función básica del CEPLAN. La prospectiva es una práctica que busca analizar las propuestas y expectativas de los diversos actores sociales a través de metodologías participativas, que los inducen a imaginar escenarios deseables en el futuro. Así, la visión del país y los objetivos estratégicos son resultado de la convergencia de ideas de diferentes actores del país, y no de una visión estrecha y centralista de unos cuantos tecnócratas de escritorio. De esta manera, se podría orientar los planes de corto y mediano plazo, así como los criterios de priorización del gasto público, a que se alineen con esta visión, aceptada por todos. A pesar de su enfoque en el futuro, esto no significa que se dejen de lado los diagnósticos de la realidad, de hecho se consideran insumos importantes en la formulación de las políticas.