Proyecto Coherencia y Gobierno Coherente, organizaciones de jóvenes universitarios y profesionales, ante el conflicto existente entre las comunidades indígenas amazónicas y el Gobierno central, queremos expresar nuestra posición en los siguientes términos:

• Las políticas de Estado deben ser el resultado del diálogo permanente con la sociedad. Las voces de los pueblos indígenas amazónicos deben ser escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de promulgarlas. Los levantamientos protagonizados por comunidades amazónicas en las últimas semanas han sido motivados por leyes que se promulgaron sin consultas ni las consideraciones pertinentes, sin compartir oportunamente información clara y comprensible a través de los medios adecuados. Cabe señalar que estas comunidades arrastran una historia de abusos provocados por agentes nacionales y extranjeros, sin el reconocimiento pleno de sus culturas o las garantías para la justicia y la vida. Los tribunales internacionales consagran el vínculo especial que los pueblos indígenas mantienen entre sus territorios, su cultura y su vida. Por tal motivo, enfatizamos que la población local debe ser partícipe en su conjunto de las decisiones que le atañe directamente, tal como lo reconocen la Constitución peruana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

• Las empresas tienen derecho a explotar los recursos naturales amazónicos para generar riqueza y crecimiento económico, pero sometidas a una normatividad y regulación que asegure tanto el mantenimiento del medio ambiente cuanto el bienestar de los pueblos indígenas originarios, así como de otros pobladores que comparten el territorio. Estas son condiciones impostergables. No toda la región amazónica es susceptible de explotación, según la legislación peruana. Asimismo, los mecanismos para la sustentabilidad en las zonas forestales, mineras, hidrocarburíferas y de agricultura intensiva tienen que ser monitoreados con rigurosidad y en todo momento por el Estado en todos sus niveles, especialmente en el de los gobiernos regionales y municipales, que deben tener un rol mucho más activo en estos procesos.

• La solución a los conflictos y la participación en las decisiones de Estado debe lograrse a través de los canales democráticos. Rechazamos la violencia en las acciones, provenga esta de grupos indígenas, fuerzas del Estado u otro actor involucrado en los últimos acontecimientos. La intransigencia y la confrontación radical no son estrategias que nos parezcan válidas para un país democrático, por lo que condenamos que aparenten ser las únicas medidas efectivas para despertar la atención de los gobernantes, así como a organizaciones o dirigentes que incidan en estos comportamientos. En este sentido, la población indígena de la Amazonía debe perseguir una mayor presencia en espacios políticos de representación, desde donde canalizar y concertar las propuestas de sus más de 300 mil habitantes, distribuidos en 51 etnias y 13 familias lingüísticas diferentes, según el Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana del año 2007. 

• Consideramos que la Amazonía es un espacio estratégico para el desarrollo del país. La Amazonía tiene características geográficas, ecológicas y culturales particulares, de trascendencia mundial; pero para su desarrollo es necesaria la implementación de políticas públicas inclusivas, basadas en un enfoque de derechos. En este sentido, deben promoverse, prioritariamente, actividades económicas de menor impacto ambiental y políticas que impulsen el capital humano y los conocimientos locales. Es necesario que instituciones, líderes de opinión y ciudadanos expongamos alternativas que estimulen el debate sobre la problemática actual de esta región y sus habitantes, para no recaer en un silencio que cause arbitrariedades o resentimientos.

Un ambiente natural equilibrado será posible en cuanto la sociedad armonice sus intereses  a través del diálogo; el bienestar de todos los peruanos depende también de un vínculo responsable con el ecosistema amazónico

Lima, 18 de mayo de 2009.